La cooperación práctica entre la Unión Europea, México y América Central en el marco de la ruta de los emigrantes

La ruta de los emigrantes de América Central y México hacia los Estados Unidos de América es un tema complejo. Mientras los países de América Central están subdesarrollados y devastados por la pobreza, la desigualdad social y la violencia, México sigue siendo un hostspot y un país de tránsito obligatorio para llegar a los EE.UU. Podemos considerar además que México no logra contener la inmigración en su territorio – aunque es un país en desarrollo, el nivel de ayuda a los inmigrantes sigue siendo insuficiente. Los EE.UU., por su parte, tienen una política estricta – incluso construyen muros a la frontera – y no quieren manejar estas poblaciones, lo que resultó en 2015 en más aprehensiones por las autoridades mexicanas que estadounidenses. Cabe destacar, para plantear un poco la situación, que en 2015 llegaron tantos centroamericanos como mexicanos – la guerra contra el narcotráfico en El Salvador tuvo mucho que ver con esto. Este giro seguro va a marcar un cambio en la manera de manejar la crisis: los países de América Central no van a poder esconderse detrás de México y el pretexto de que se trata de una crisis que tiene raíces mexicanas por la mayor cantidad de emigrantes provenientes de este país. Este equilibrio de los flujos de América Central y de México se vio venir desde años, pero es obvio que se convirtió más y más en un problema típicamente regional y no nacional a lo largo de los años. Las estrategias para combatir esta emigración ilegal y garantizar los derechos humanos de estas personas hasta ahora han fracasado, y es importante que se redefina un nuevo planteamiento para poner en marcha nuevas políticas, y sobre todo una cooperación internacional mayor y más eficaz. Se requiere de proyectos y decisiones comunes.

Para ayudar, la Unión Europea cofinanció hace un par de años varios proyectos de cooperación con autoridades y Organizaciones de la Sociedad Civil (OSCs) de México y América Central para garantizar la protección de estas personas vulnerables. Estos proyectos han tenido un impacto relativamente bueno, pero el hecho de que una entidad ajena al problema intente mejorar la situación es una muestra más de que las autoridades de los países involucrados no hacen su deber primario, que consiste en garantizar los derechos humanos de todas las personas.

Son estos proyectos que vamos a abordar: la cooperación práctica entre la UE y América Central y México en el marco de la ruta de los migrantes.

 

El primer proyecto que vamos a ver se llamó “Protección y promoción de los derechos humanos de las personas migrantes en tránsito, desde la gestión local y a través de la articulación de organismos públicos de derechos humanos y de Organizaciones de la Sociedad Civil”, y se desarrolló entre el 2013 y el 2015 en México, Honduras, El Salvador y Nicaragua. La autoridad a cargo de implementar este proyecto de cooperación fue la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) – que ahora corresponde a la Ciudad de México – con socios en los demás tres países. Este proyecto formó parte de una convocatoria con base temática – es decir en un campo definido pero abierta al mundo entero – con un financiamiento muy importante.

A los inicios en 2013, las expectativas fueron altas, y aunque se trató de un proyecto complicado por el tipo de los socios involucrados – algunos de los socios en México fueron comisiones estatales de derechos humanos que oficialmente son independientes del gobierno federal, pero que en la práctica reciben fondos del mismo gobierno y deben rendir cuentas de lo que hacen a este donante – el gobierno como tal no tenía palabra decisiva. Sin embargo, dos socios tuvieron que apartarse del proyecto por esta misma razón. Por lo general, en México fueron OSCs las que participaron del proyecto, lo que en un país con tanto crimen organizado y corrupción a todas escalas de la sociedad no puede ser nada malo. En los tres otros países, fueron fiscalías. Ahora bien, ¿porque este proyecto fue tan importante? Es sencillo: al apoyar la iniciativa, la UE apoyó e involucró un bloque regional y no solo un país, lo que manda la señal de que se trata de una problemática fundamentalmente regional, que los actores de los países tienen que manejar juntos y no con base de dispositivos nacionales como ha sido el caso hasta ahora, pues la cooperación entre estos países ha sido insuficiente, lo que ha generado la crisis actual.

Tratándose de un proyecto regional, la interculturalidad fue abordada en el transcurso del proyecto. Los dos objetivos fueron los siguientes: el fortalecimiento de las capacidades institucionales de las OSCs y de los organismos públicos; y la implementación de estrategias para reducir el nivel de vulnerabilidad de las personas migrantes en tránsito en México. Destacaron particularmente en este proyecto la creación de una red de OSCs con el fin de desarrollar mecanismos de defensa transnacional, permitiendo así un mejor seguimiento de los nacionales de cada país en la totalidad de la ruta; y una campaña de sensibilización de la sociedad mexicana para disminuir las discriminaciones en contra a los migrantes. Otra acción básica pero que tuvo su importancia: la creación de un número de teléfono de emergencia para las personas migrantes con el fin de mejorar el tiempo de reacción de las autoridades. Estas acciones, aunque en apariencia básicas, no existían de manera coordenada entre los países.

El punto débil de este proyecto residió en su fuerza, es decir el carácter transnacional: en efecto, el objetivo mayor fue capacitar a los defensores de derechos de las personas migrantes. Esto implicó que cada actividad/seminario se desarrollara en una sola ciudad, y lo complicado entonces fue suscitar el interés de los socios provenientes de los demás países: por ello, ¿cómo capacitar a defensores hondureños en la ciudad de México por ejemplo? Esto hubiera implicado muchos costos, lo que en el marco del proyecto se tradujo en el desinterés de varios socios centroamericanos, cuyos costos de viaje no fueron contemplados en el presupuesto del proyecto. Es decir, no quisieron gastar su propio dinero – aunque sabemos que una fiscalía sí puede obtener dinero cuando lo necesita. La primordialidad del carácter transnacional se debe de entender por todos los países, y todavía no parece ser el caso. En este sentido, la UE no puede financiar iniciativas, cuyos socios no se involucran si una entidad ajena no les proporciona literalmente todo. No puede forzar entidades que no quieren asumir su deber.

Además, y probablemente sobre todo, este proyecto tuvo un objetivo mayor: fue importante para los intereses estratégicos y económicos de la UE, que busca penetrar el mercado latinoamericano en su conjunto al querer negociar acuerdos y diálogos bloque a bloque y no de país por país – aunque se enfrenta a la reticencia de los países latinoamericanos. Este proyecto le dio mucha visibilidad en varios países que forman parte del SICA, un bloque de integración regional de América Central. En este sentido, el objetivo de la cooperación al desarrollo de la UE tiene intereses económicos, pues no ayuda a los países solamente por generosidad, necesita un retorno de la inversión. La prueba es que para el periodo 2014-2020, la UE decidió interrumpir la ayuda al desarrollo con varios países de la región, y no apoyará los derechos humanos en los países de renta media alta – de los cuales México forma parte – pues considera que estos países pueden hacerse cargo de esta temática. Es decir, esta decisión es motivada por razones económicas. Cuando uno conoce la realidad mexicana – o de cualquier país de renta media-alta de América latina – parece una aberración vincular la protección de los derechos de las personas con el poder económico.

 

En el mismo periodo, la UE cofinanció dos otros proyectos en México, con base geográfica  – es decir que una convocatoria general se lanza en un solo país o en una región en especial, por oposición a la base temática. Los montos otorgados a cada proyecto son mucho menores, privilegiando la escala local y/o estatal en el caso de un país federal como México.

Uno de estos dos proyectos, intitulado “Apoyo y protección a defensores de las personas transmigrantes en situaciones de alto riesgo en Guanajuato” lo llevó a cabo la Organización Internacional No-Gubernamental (OING) Oxfam México entre el 2014 y el 2015. Los dos objetivos fueron prestar apoyo y protección a los defensores de las personas transmigrantes, para reforzar su capacidad de llevar a cabo su labor; y aumentar las capacidades y la seguridad de las casas de migrantes y defensores de las personas transmigrantes que operan en contexto de alta inseguridad en el Estado de Guanajuato. Guanajuato, por su información, es un lugar tanto de origen como de tránsito hacia el Norte.

Se organizaron, entre otras actividades, acciones de sensibilización de la población local a los problemas a los cuales se enfrentan los migrantes; espacios de diálogo y de colaboración entre OSCs, actores locales, municipales, y nacionales; y se fortaleció la red nacional de casas de migrantes – poniendo así la comunicación y la sensibilización en el centro del proyecto. Hay que destacar aquí que la sensibilización es muy importante ya que en 2013, el 40% de la población mexicana desconfiaba de las personas migrantes de América Central.

Este proyecto fue importante ya que proporcionó apoyo y visibilidad a dos casas de migrantes – que son probablemente los únicos lugares donde los migrantes pueden ir a pedir ayuda y descansar en una ruta que sigue siendo extremadamente peligrosa (frontera con Guatemala, tren La Bestia, y las dos masacres de San Fernando por mencionar unos lugares). Sin embargo, el organismo responsable del proyecto, Oxfam México, no es una casa de migrantes, y tampoco es una OSC mexicana. Esto nos muestra dos cosas: primero, el marco legal en México es una aberración, pues las OSCs de derechos humanos tienen que estar inscritas al Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil para poder recibir fondos públicos, pero eso les obliga a pagar impuestos sobre las donaciones que reciben – para aclarar las dudas esto concierne las OSCs de derechos humanos, casi de ningún otro campo, lo que demuestra la poca consideración que se les otorgan a los derechos humanos en México. Muchas de las OSCs no pueden pagar impuestos, y así no constituyen OSCs, impidiéndoles recibir fondos públicos.

La segunda crítica es para la UE: se creó en el 2013 una base de datos que lista las OSCs mexicanas de derechos humanos – no solo las que están inscritas al Registro Federal, sino todas aquellas que hacen el trabajo de una OSC. Hubiera sido bastante fácil hacerlo unos años antes de que la UE decida no apoyar más los derechos humanos para ir esquivando la ley mexicana que prevé que las OSCs que no están inscritas al Registro Federal no pueden recibir fondos públicos, porque aquí hablamos de fondos mexicanos y no internacionales. En este sentido, le faltó a la UE una reacción más rápida y un marco menos rígido – como siempre pasa desafortunadamente.

 

Lamentablemente, la UE no ha apoyado en los últimos años proyectos geográficos en otros países de la región en cuanto a esta ruta migratoria. Hubiera sido interesante ver el tipo de acciones que se hubieran desarrollado, por ejemplo: sensibilización a los peligros que corren los emigrantes en la ruta, implementación de procesos de seguimiento de los emigrantes, creación de redes, implementación de políticas entre países o escalas de un mismo país (nacional, regional, municipal, local), etc. Esto nos indica que la UE considera, como en muchas otras áreas, que abordar un problema desde la raíz no es esencial, o que para ella la emigración ilegal desde los países centroamericanos no es el problema. La UE tiende a trabajar en los problemas cuando no los puede negar, en este caso probablemente hasta que la ayuda de su Dirección General DEVCO (cooperación internacional para el desarrollo) se vuelva en un trabajo para su Dirección General ECHO (ayuda humanitaria y protección civil). En nuestro caso, México constituye la punta del iceberg, y se ve. América Central es la base, está sumergida, y no se ve. Mientras se la mantiene sumergida, no se va a ver. En fin: con el tiempo el iceberg entero se va a hundir si no se hace nada.

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